Ley y política
Por Juan Villoro
¿En qué momento un gobierno debe investigarse a sí mismo? La respuesta debería ser: "siempre". Sin embargo, en estos lares la justicia, cuando sucede, es un producto de temporada.
Los antiguos gobiernos priistas solían recurrir a castigos ejemplares al inicio del mandato para mandar la señal de que, "ahora sí", se respetarían las leyes. Desde entonces, la impartición de justicia se ha usado como un recurso promocional del Ejecutivo.
En días recientes, tres ex gobernadores de Tamaulipas (Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores), y el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, han sido vinculados con presuntos ilícitos. Aunque es obvio que la pérdida de soberanía en Tamaulipas sólo podía ocurrir con una complicidad entre el crimen organizado y diversos sectores del poder, al fin se actúa con decisión para analizar 17 años de gobierno (de 1993 a 2010).
Los ex gobernadores de Tamaulipas y el gobernador de Veracruz pertenecen al PRI. A nadie escapa que se trata de presas de interés en época electoral.
Cuando Felipe Calderón llegó al poder, no disponía de la arbitraria facultad de poner y quitar gobernadores de los antiguos gobiernos del PRI; sin embargo, podía echar mano de la ley para indagar a funcionarios que confunden lo público y lo privado y brindan posibilidades de acción al crimen organizado. En forma sorprendente, el mandatario cuyo eje de gobierno ha sido la lucha contra el narcotráfico omitió la investigación a fondo y generalizada de mandos políticos, aun y cuando la prensa aportara pruebas al respecto.
Dos gobernadores priistas (Mario Marín en Puebla y Ulises Ruiz en Oaxaca), acusados por amplios sectores sociales de violar la ley, terminaron sus periodos sin ser juzgados.
Tampoco Arturo Montiel, ex gobernador del Estado de México, fue llamado a rendir cuentas a pesar de las muy difundidas sospechas en su contra. Durante cinco años, la estrategia del Ejecutivo parece haber sido la de no procesar a eminentes políticos del PRI para no afectar posibles pactos en el Congreso, donde el PAN carece de mayoría. La urgente reforma del Estado se hipotecó en aras de acuerdos tácticos que a fin de cuentas no dieron frutos.
Las alianzas entre el PRD y el PAN en Puebla y Oaxaca -injustificables en el plano ideológico- sacaron a los oprobiosos gobiernos del PRI de esos estados.
Esto hizo que las elecciones locales adquirieran un carácter de justicia compensatoria, que restablecía la legalidad por vía del voto.
Aislado de importantes sectores de su propio partido, sin alianzas eficaces con la oposición, refractario a la sociedad civil y con una agenda internacional que sólo destacó por sus pleitos con el presidente Francia y el embajador de Estados Unidos, Calderón ha descubierto el Poder judicial como la última zona donde puede ganar oxígeno.
Así lo hizo en el caso de Florence Cassez. Aunque abundan las pruebas de manipulación de su expediente y la acusada fue víctima de un montaje policiaco, el caso se transformó en un redituable trofeo político.
Humberto Moreira gobernó Coahuila en opacidad judicial. Cuando se convirtió en dirigente nacional del PRI, se le acusó de enriquecimiento ilícito. Una vez más operó el axioma que rige la politización de la justicia: no es lo mismo que robe un aliado potencial a que lo haga un competidor.
La muy loable persecución de funcionarios corruptos se somete al reloj coyuntural. En julio hay elecciones; comienza la temporada de caza.
La peor pesadilla de Calderón es entregarle la banda presidencial a sus más odiados rivales, el PRI o López Obrador. Ajeno a la imparcialidad del estadista, impulsó a un precandidato mediocre, Ernesto Cordero. Sus posibilidades de conservar el poder con un proyecto continuista son escasas. Así las cosas, para revertir la delantera del PRI, la PGR hace el trabajo que podría haber hecho antes.
La relevancia que Calderón concede a lo judicial también se mide en el respaldo que otorgó al ex presidente Ernesto Zedillo, acusado ante un tribunal de Connecticut de posible responsabilidad en la matanza de Acteal. "Si ves las barbas del vecino cortar, pon las tuyas a remojar", dice el dicho. El uso policiaco de la política conlleva altos riesgos. Quien establece un eje de gobierno basado en el combate al crimen pone en la arena las posibilidades de ser perseguido por causas similares.
El filósofo Giorgio Agamben resume el tema: "De lo que no se dan cuenta los jefes de Estado que se han lanzado con tanta diligencia a la criminalización del enemigo es de que esta misma criminalización puede volverse en cualquier momento contra ellos. Hoy no hay en toda la Tierra un jefe de estado que no sea virtualmente un criminal".
La politización de la justicia tiene el efecto positivo de que, aunque sea por razones espurias, se busca aplicar la ley. Lo malo es que los procesos judiciales son larguísimos y los adversarios del presente pueden convertirse en aliados necesarios para un "momento crítico", esa fase del tiempo en que todo político mexicano es exonerado.
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