11 de Diciembre 2014
Ahora, cuando las instituciones del país no pueden enfrentar un tema la moda es reservar el caso para que se olvide (o que alguien más le encuentre alguna solución política, así fue como le hicieron en Puebla con el caso del niño asesinado por la #LeyBala). Esto es algo grave para la ciudadanía porque ahora no sabremos más del caso Tlatlaya, en el cual hubo un abuso por parte de los militares que terminó en el exterminio de un grupo de 22 personas.
Casi nada sabremos a partir de ahora del caso Tlatlaya, al menos de manera oficial, aunque, si hacemos memoria, lo que supimos fue gracias a la investigación periodística de dos medios internacionales.
La Procuraduría General de la República decidió que la investigación permanecerá bajo reserva durante los próximos doce años. La investigación es de interés general pues se necesita el esclarecimiento de lo que sucedió y conocer lo que pasará con los responsables de la ejecución extrajudicial de los 22 civiles el pasado 30 de junio.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos informó que el 21 de octubre envió a la PGR una solicitud de acceso a la información pública con el propósito de conocer el número de dictámenes realizados como parte de la investigación del caso y obtener una copia de cada uno. En respuesta, la dependencia federal contestó que son 11 dictámenes, pero que no otorgará copias ya que la información es «reservada».
¿Qué pasó en Tlatlaya?
Al principio se informó (oficialmente) que había sido un enfrentamiento entre militares y secuestradores, y que se habrían rescatado a dos mujeres.
Las investigaciones periodísticas posteriores mostraron que se había tratado de un ajustamiento por parte de los militares y que jamás hubo un enfrentamiento.
Así que las autoridades tuvieron que reconocer que fue una especie de fusilamiento de civiles, por lo que varios militares fueron detenidos y actualmente están encarcelados.
Para la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, al reservar la información del caso, la PGR es omisa en aplicar la jurisprudencia recurrente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que forma parte del orden jurídico mexicano, la cual establece que las violaciones graves a los derechos humanos son, entre otras, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias y las desapariciones forzadas.
Recordemos que la PGR también se ha visto muy lenta en el caso Ayotzinapa y no puede darse el lujo de tratar de tomarle el pelo a la ciudadanía mexicana que está harta de la impunidad y la injusticia.
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