Los cambios aprobados en el Senado de la República eximen a los ex gobernadores a rendir cuentas sobre el endeudamiento heredado a la sociedad, por lo que los ciudadanos de todo el país serán los directamente responsables de pagar los 489 mil 693.4 millones de pesos que, hasta el cierre de junio pasado, sumaba la deuda de estados y municipios, de acuerdo con los datos más recientes publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El endeudamiento de los gobiernos locales creció 1.4 por ciento respecto al saldo del cierre de 2013 (482 mil 807.2 millones de pesos), y 10.5 por ciento en relación a junio del año pasado (443 mil 38.9 millones de pesos).
Esto significa que las obligaciones financieras de los estados y los municipios del país representó 3.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) estatal, porcentaje ligeramente menor al 3.1 por ciento que se reportó en diciembre de 2013, pero superior al 2.8 por ciento de junio del año previo Las entidades más endeudadas hasta junio de 2014 fueron el Distrito Federal, con 61 mil 402.8 millones de pesos; Nuevo León, con 58 mil 443.9 millones de pesos; Chihuahua, con 41 mil 603.1 millones de pesos; Veracruz, con 40 mil 767.4 millones de pesos, y el Estado de México, con 39 mil 124.1 millones de pesos.
Estas cinco entidades federativas sumaron 241 mil 341.4 millones de pesos, monto que representa el 49.28 por ciento del total de la deuda local al cierre del primer semestre de 2014, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Hacienda.
Como proporción del PIB por entidad federativa, los estados más endeudados son: Chihuahua, con 9.0 por ciento; Quintana Roo, con 7.5 por ciento; Chiapas, con 6.8 por ciento; Coahuila con 6.5 por ciento, y Nayarit con 5.8 por ciento.
DEUDAS MULTIMILLONARIAS, LA HERENCIA
Han pasado 18 meses desde que la Cámara de Diputados aprobó la primera reforma constitucional que pretendía controlar el endeudamiento excesivo y descontrolado de gobernadores y presidentes municipales, quienes heredaron a sus ciudadanos deudas públicas por miles de millones de pesos.
Son deudas que los contribuyentes, sus hijos y en algunos casos, hasta sus nietos habrán de pagar.
Era un tiempo en que estaba reciente en la memoria colectiva casos como el del priista Humberto Moreira, ex Gobernador de Coahuila, que dejó una deuda aproximada de 33 mil millones de pesos; o el del también priista Andrés Granier, ex Gobernador de Tabasco, que superó los 23 mil millones de pesos.
Hace 18 meses, el Senado se concentró en sus comisiones a enmendar lo que consideraron algunos vacíos que habían dejado los diputados; por ejemplo, eliminaron la propuesta para crear una comisión bicameral (una comisión integrada por diputados y senadores) a nivel federal que revise y apruebe el endeudamiento de un estado, previo a que se consumara su contratación.
Este lunes, en la última sesión del Senado de la República del 2014, los legisladores aprobaron, por fin, la reforma constitucional en materia de disciplina financiera de las entidades federativas.
Sin embargo, a decir de algunos legisladores de oposición, el resultado final quedó muy lejos del propósito original de atar las manos de los gobernadores para evitar que endeuden más a sus ciudadanos.
Por el contrario, lo que se aprobó fue un cúmulo de reformas que dotan de mayor control a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), no inhibe la contratación excesiva de deuda y tampoco obliga a los ex gobernadores a rendir cuentas sobre el endeudamiento heredado a los ciudadanos.
La reforma fue avalada con el voto afirmativo de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Verde Ecologista de México (PVEM), con el argumento de que detendrá el endeudamiento sin control de estados y municipios.
PELIGROS DE LA NUEVA LEY
A decir del Senador perredista, Mario Delgado Carrillo, uno de los tres que votaron en contra del dictamen, la reforma aprobada es un contrasentido de lo que se esperaba para regular los contratos de deuda ilegales.
De caminar la reforma constitucional, se modificaría el artículo 73 fracción octava que contiene un candado para limitar la contratación de deuda pública: “Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos”, en otras palabras se autoriza a los Ejecutivos a contratar deuda sólo para proyectos de inversión.
“La redacción vigente evitó, por ejemplo, que el presidente [Ernesto] Zedillo convirtiera en deuda pública los pasivos de Fobaproa. Ha sido un gran dique de contención esa definición para que no haya abusos sobre el endeudamiento público”, dijo el Senador perredista.
Sin embargo, la reforma avalada en el Senado de la República agrega cuatro párrafos a esa fracción octava, en donde abre el catálogo a lo que contenga la “ley en la materia”.
“¿Qué se está haciendo ahora? Abrir la definición, hacerla muy laxa, hacerla muy flexible para que tenga más opciones y Hacienda tenga un gran menú de posibilidad para comprometer el recurso de la nación por ejemplo, otorgar garantías sobre el crédito de la Nación, abrir la posibilidad de refinanciamiento o reestructura”, dijo el Senador Mario Delgado. Además, establece la creación de una comisión bicameral que “analizará la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los Estados”. Y que además “emitirá las observaciones que estime pertinentes en un plazo máximo de 15 días hábiles, inclusive durante los periodos de receso del Congreso de la Unión.
Lo anterior aplicará en el caso de los Estados que tengan niveles elevados de deuda”. “Lo que va a monitorear la Comisión bicameral es este plan de ajuste que aquí y en China, ‘Plan de Ajuste’ es recorte de gasto o de aumento en los impuestos”, dijo el Senador Delgado.
“Pero esto no significa que la Comisión Bicameral va a estar pendiente del buen ejercicio de la deuda que van a contratar, se va a encargar de los planes de ajuste que va a imponer Hacienda a un municipio o a un estado para otorgarle las garantías en su endeudamiento público.
Eso es muy distinto de que esta Cámara vaya a estar pendiente del buen ejercicio de estos recursos”, sentenció.
REFORMA CENTRALISTA
Por su parte, Manuel Bartlett Díaz, coordinador del Partido del Trabajo (PT) en el Senado, otro de los legisladores que votó en contra de la reforma en comento, sostuvo que lo aprobado por el Senado va en contra del federalismo al centralizar funciones de control, nuevamente, en la Secretaría de Hacienda.
“Es una reforma antifederalista, porque con ella se incrementan las atribuciones del Congreso de la Unión y de la Auditoría Superior de la Federación, en detrimento de los congresos locales y de las entidades de fiscalización de los estados”, dijo.
Asimismo, Bartlett sostuvo que la reforma al Artículo 25 constitucional reduce las atribuciones del Estado mexicano para velar por los intereses de la Nación. El Artículo 25 vigente establece: “El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general”.
La reforma modifica el artículo para dejarlo así: “El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo.
El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio”. El Senador Bartlett explicó que el cambio elimina obligaciones del Estado para supeditar el desarrollo nacional a vigilar “el crecimiento económico”.
SÍ REPRESENTA AVANCES: PRI, PAN, PRD
Quienes votaron a favor, priistas, panistas y perredistas aseguraron que la reforma permitirá detener el endeudamiento sin control de estados y municipios. El Senador Ernesto Cordero Arroyo, del Partido Acción Nacional, aseguró que con esta ley se evitará que se vuelva a repetir casos como el endeudamiento de Coahuila, estado que elevó su deuda hasta más de 33 mil millones de pesos en menos de un sexenio.
“Si hoy estas modificaciones estuvieran en práctica y funcionando sabríamos en qué gastó el Gobernador Humberto Morera, cada uno de los pesos y los dólares con los cuales endeudó y condenó a varias generaciones de coahuilenses”, dijo el legislador panista.
A pregunta expresa de por qué no hizo nada cuando fue secretario de Hacienda por detener el endeudamiento estatal, Cordero respondió que lo hubiera hecho si en su momento hubiera contado con esta ley.
“Ya hubiera querido su servidor, como secretario de Hacienda tener esta ley que hoy vamos a aprobar. En este momento nadie, ni la Secretaría de Hacienda, ni los congresos locales, ni nadie, tiene posibilidad de poner en orden a un gobernador irresponsable que decida endeudar al país”.
Quienes votaron a favor aseguraron que la reforma fortalece las facultades del Congreso de la Unión para legislar en la materia y fortalece las facultades del Congreso para dictar las bases sobre las cuales el Ejecutivo puede celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la nación a favor de algunas entidades federativas.
Recalcaron la creación de una Comisión Bicamaral para dar seguimiento en el ejercicio del gasto público particularmente en el presupuesto; la cual dará “una opinión” sobre los proyectos para endeudamiento, aunque la propuesta original era que emitiera una opinión sobre montos de endeudamiento.
Además enfatizaron el fortalecimiento de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) para revisar las cuentas públicas y detectar a los funcionarios públicos que incurran en endeudamiento indebido.
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