jueves, 27 de noviembre de 2014

LAS AMENAZAS A LAS QUE SE ENFRENTA LA POBLACIÓN CALLEJERA


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27 de Noviembre 2014
El Chupón lleva 14 años en la calle desde que lo abandonaron a los cuatro años en un basurero por la colonia Guerrero.

"Se siente chido, si quieren dense un pase". Después de ofrecernos un poco del activo que trae guardado en una botella de plástico debajo de sus pantalones, el Chupón se presenta: "Me llamo Eduardo Ramírez Muñoz, si quieres checa mi CURP en el internet. Ya llevo casi 15 años en la calle. Mis tíos me fueron a aventar a un basurero que está por la Guerrero pero yo no soy de aquí. Yo vengo de Guadalajara".

En los movimientos de Eduardo siempre hay un nerviosismo presente. Cuando habla, sus brazos van por ningún lado y con cada oración que termina se rasca la cabeza. Su piel manchada de mugre y con quemaduras por el activo (solvente de PVC que usa para drogarse) está adherida a sus huesos. La sonrisa en su rostro es permanente.

Él, junto con otras cuarenta personas, vive en la Plaza de la Ciudadela, en Centro Histórico la Ciudad de México. Ese pedazo de tierra impregnado de olor a solvente y mariguana al que llaman su casa, cuenta con un colchón, un altar a la Santa Muerte y una montaña de cobijas, cajas, ropa y tiliches que les han regalado o que han encontrado en la calle. Antes de hacer de la esquina de esta plaza su nueva residencia, Chupón y el resto de sus compañeros de piso se resguardaban en los primeros dos bloques de la calle Art. 123, cerca del metro Juárez.

Hace cinco meses, el 22 de abril del 2014, policías armados los levantaron de la acera por la fuerza argumentando cargos de robo y posesión de cocaína. Encarcelaron a 16 personas, de las cuales seis siguen presas. A todos les quitaron sus pocas pertenencias, entre las que se encontraban sus cobijas y sus papeles de identificación. Mientras Chupón moja su estopa con un poco más de activo nos dice:

"Fueron los chinos que tienen ahí su restaurante. No nos querían. Les pagaron a una pareja para que dijeran que les habíamos robado sus cosas. Pero nel, nosotros no somos rateros. Sí, nos gusta drogarnos, pero para eso trabajamos".


El grupo de personas con las que vive Chupón funciona como una gran familia. Los jóvenes y los adultos salen y regresan durante el día para vender dulces o pedir dinero. Las señoras permanecen acostadas en el colchón o en cojines y cobijas extendidas en el piso. Para proteger el territorio. Ellas cuidan a los niños de hasta dos o tres años que viven ahí mientras juegan. También hay adolescentes. La mayoría de ellos pasan el tiempo acostados en el piso, drogándose o platicando. Los ojos nos lloran por el penetrante olor a inhalante, la humedad que se desprende de los cojines y la basura que hay a unos cuantos pasos del espacio en donde viven. El olor a droga es el que más resalta. Todos, hasta los niños pequeños, tienen una estopa o una servilleta en la mano. Las madres de estos niños, al vernos extrañados porque sus hijos se drogan desde chiquitos, nos explican, con cierto tono de justificación, que tienen hambre y es lo único que les pueden dar para quitársela.

Algunos de ellos, los que llegaron ya grandes, saben leer y escribir. El resto, quienes desde pequeños se han enfrentado a las calles —como Chupón—, son analfabetas.

No todas las personas en el grupo fueron abandonadas desde pequeñas. Aquí en la Ciudadela conviven madres solteras abandonadas, migrantes que buscaban mejores oportunidades, adolescentes que abandonaron su hogar por problemas familiares, ancianos a quienes sus hijos les robaron, niños nacidos en la calle y muchas historias más. A pesar de tener pasados diferentes, todos han encontrado en este grupo una familia, y en las calles de la ciudad, un hogar.

A pesar de que en México no es ilegal vivir en las calles, no es la primera vez que se hacen detenciones arbitrarias a personas que habitan en ellas. Para desplazar a estas personas de su estancia temporal, las autoridades encuentran recursos en los artículos 24 y 25 de la Ley de Cultura Cívica que, entre otras cosas prohíbe ofrecer un servicio sin que sea requerido (como el de los limpia-parabrisas), el consumo de alcohol y drogas (recientemente también se incluyeron los inhalantes) en la vía pública y la obstrucción del espacio público.

Según los registros de El Caracol, una asociación civil que se fundó hace veinte años con el fin de ayudar a las personas sin hogar, desde 1994 se han levantado a más de 1,300 personas. Muchas de ellas, al igual que los que fueron encarcelados el 22 de abril, siguen en prisión debido a que no cuentan con papeles de identificación o defensa legal.

Personas en las mismas condiciones que Chupón han vivido siempre en esta ciudad. Y a pesar de lo grave de este conflicto social, no existen registros de esta problemática sino a partir de 1950. Desde entonces, los términos con los que se asocia a las personas sin casa han ido evolucionando: primero fueron nombrados vagabundos, después inhaladores, luego se convirtieron en niños de la calle y ahora se les conoce como población callejera. Aunque el término "personas en condición de calle" es el que usan funcionarios en discursos oficiales, éste focaliza el problema en un individuo y no lo toma en cuenta como parte de un grupo, de una población, quitándoles así a estas personas los derechos a los que toda comunidad debe aspirar. A diferencia del término, lo que no ha cambiado desde hace más de medio siglo son las políticas de asistencialismo y criminalización que hacen casi imposible una reinserción social para quienes que se encuentran en esta situación.

Aunque Chupón nos aseguró que trabaja para comprar sus drogas, un empleo formal está fuera de su alcance y del de aquéllos en su misma condición debido a que no tienen papeles de identificación. Además, la discriminación que hay contra ellos es otro obstáculo insuperable al momento de buscar trabajo. Ser rechazados de empleos formales los orilla a vender dulces o limpiar parabrisas a cambio de monedas. Pero, aunado al acoso de las autoridades que los persiguen por la venta informal en los semáforos, las opciones de vida para las poblaciones callejeras son limitadas: trabajar en la calle con el riesgo de ser encarcelados en cualquier momento o ser trasladados a un albergue gubernamental o uno creado por alguna asociación civil o privada. Muchos de ellos prefieren seguir sobreviviendo en la calle debido a las violaciones a los derechos humanos que ocurren en estos lugares.

Cuando encontramos de nuevo al Chupón, nos contó que pasó cuatro días en los separos por vender dulces donde no tenía permiso.

El gobierno del Distrito Federal, a través del Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS), que es parte de la Secretaría de Desarrollo Social, cuenta con diez albergues para dar asilo y apoyo a las poblaciones callejeras, denominados CAIS (Centro de Asistencia e Integración Social). El problema es que cada uno de ellos, asegura Rubén Fuentes, director general de este instituto, está lleno a su máxima capacidad. Sólo cuentan con el espacio necesario para albergar a tres mil personas.

Seis de estos centros son de puerta cerrada, es decir, a las personas que entran ya no se les permite salir. Para ser recibidas en estos albergues, las personas deben renunciar a su libertad de tránsito. De los otros cuatro CAIS, sólo hay uno en el que se imparten talleres técnicos para que, supuestamente, esta población pueda aprender un oficio y trabajar formalmente en el futuro. Pero ninguna de las personas que han tomado el taller hasta el momento lo han logrado. En palabras de Luis Enrique Hernández, director del Caracol AC, debido a la falta de un verdadero plan de reintegración y al actual enfoque asistencial, estos albergues se han convertido en "auténticos depósitos humanos".

En cuanto a los albergues privados, la situación no es mucho mejor. Las personas que viven en la Ciudadela nos aseguraron que prefieren dormir en la calle porque los encargados de coordinar este servicio los maltratan. Estos espacios son conocidos y evitados por Chupón y sus compañeros debido a los malos tratos que reciben en ellos. "A mí me amarraban a una silla pa' que no me pudiera salir", nos dice Chupón mientras se abrocha los botones de la camisa. "Yo he estado en 22 anexos pero no me gustan", concluye al momento en que se acerca la estopa a la boca.

Uno de los casos más sonados con respecto a los abusos que ocurren en estos albergues privados fue el de los Elegidos de Dios. En 2009, se descubrió una casa rodeada de barrotes en la que se mantenían en contra de su voluntad a 44 personas. Todas habían sido recogidas de la calle sin su consentimiento en una camioneta que los llevaba a encerrar al albergue.

Cada que Chupón o la gente con la que vive nos veía con una cámara, la tensión se hacía presente y las miradas desorbitadas se centraban en nosotros. La primera vez que intentamos tomar fotos de esta población callejera fue un fracaso. Después de insistir varias veces, Chupón nos alejó del espacio en donde estábamos. Segundos después una mujer llegó a exigirnos dinero, luego le gritó a Chupón y nos invadió con preguntas con respecto a nuestras intenciones. Le explicamos que estábamos haciendo un reportaje. No quedó muy convencida. "Así vienen los de la camioneta blanca. Así, con cámaras y con teléfonos y nos toman fotos. Están esperando a que nos descuidemos para llevarnos", nos dijo a la defensiva mientras se alejaba. Las fotos tendrían que esperar.

Debido a que estos albergues, públicos o privados, no representan una opción digna que garantice sus derechos como personas, la mayoría de ellos opta por sobrevivir en la calle. A pesar de que no existe una cifra oficial sobre el número de personas que viven en las calles del Distrito Federal, se estima que son cerca de cuatro mil, sin contar a los que están en los albergues.

El director de IASIS nos dijo que es imposible hacer un censo preciso debido a la movilidad de las personas, su falta de documentos de identificación, la migración y las muertes. Sin embargo, declaró que se han identificado 176 puntos de reunión, que muchas veces, debido al movimiento de personas en las calles, tienden a "fusionarse". Entre los puntos de reunión más antiguos, grandes y famosos de la ciudad se encuentran la Plaza Francisco Zarco, la calle Art. 123 (ya no existe pero son las personas que ahora viven en la Plaza de la Ciudadela), la Curva de Puerto Rico (bajo los puentes en Taxqueña), en el camellón de Montevideo e Insurgentes Norte, los alrededores de Tepito, Epopeya de los Sismos y el Panteón San Fernando.

Las personas desalojadas de la calle Art. 123 ahora viven en la Plaza de la Ciudadela.

Dos semanas después de nuestro primer encuentro con Chupón, volvimos a verlo en la Plaza Francisco Zarco. Caminamos con él hacia una dulcería ubicada a unas cuadras. Íbamos a comprar paletas. Chupón, cuando puede, vende dulces en los semáforos o ayuda a los comerciantes de la zona a recoger y levantar sus puestos. Durante el trayecto nos habló de su hija. Tiene tres años y vive con la mamá de su pareja. Ni ella ni Chupón se sienten capaces de hacerse cargo.

"La mamá de mi hija es una drogadicta, nada más le gusta andarse dando. Vean, está ahí tirada". Chupón señala a una mujer con suéter rosa que está acostada en posición fetal en una de las esquina de la plaza. "Ella vive aquí en el Zarco, pero yo casi no vengo, la gente de aquí no es buena".

A pesar de que el director del IASIS menciona que existen puntos de población callejera que han llegado a fusionarse, lo más común es que haya enfrentamientos entre los diferentes grupos debido a las luchas por espacio y al robo de pertenencias entre ellos. Chupón y la madre de su hijo sólo conviven cuando hay eventos de caridad organizados por asociaciones civiles que involucran a los diferentes grupos.

Cuando volvimos a insistirle a Chupón que nos dejara tomarle unas fotografías, sin que se lo pidamos se quita la camiseta. En su pecho, cuello y brazos tiene grandes y profundas cicatrices, seis en total. Mientras nos las enseña, cuenta con un tono de voz orgulloso que todas se las hicieron en peleas con miembros de otros grupos callejeros. Cada una de las heridas fue hecha con botellas rotas. Las marcas en su piel delatan el mal trabajo que se hizo durante la sutura, a pesar de que todas las personas, sin importar si viven en la calle o no, tienen derecho a servicios de salud.

Para poder asistir a los centros médicos gratuitos es obligatorio estar afiliado y, para realizar ese trámite, es necesario contar con papeles de identificación. Cuando personas como Chupón acuden a un hospital por alguna emergencia médica, o cuando requieren de una ambulancia, se les suele negar el servicio. Según el testimonio de algunas asociaciones civiles, el argumento de los paramédicos para no atenderlos es que la suciedad en su piel puede llegar a "contaminar" el equipo.

A pesar de que los albergues del IASIS cuentan con atención médica, sólo atienden emergencias o malestares menores, ya que no cuentan con el equipo quirúrgico necesario ni el personal para dar servicios más completos. Obtener atención médica especializada y tratamientos para enfermedades crónicas o partos es casi imposible para estas personas debido a la falta de documentos. Muchos de ellos mueren por no recibir los cuidados de salud necesarios. Las personas que mueren en la calle, ya sea debido a peleas, asaltos o enfermedades, son recogidas por una camioneta del Ministerio Público. Los cadáveres son guardados durante treinta días en el Servicio Médico Forense. Después, si los cuerpos no son reclamados, van a parar a la fosa común en donde se pierden entre otros difuntos que tuvieron la misma suerte. La cifra de personas que han muerto en la calle es desconocida por el gobierno. La mayoría de ellos terminan ahí debido al abandono o pérdida de contacto con de sus familiares.


Además de mantenerse alejados de los albergues, la policía y los grupos enemigos, Chupón y los demás deben estar alerta de las personas que se infiltran en su territorio haciéndose pasar por población callejera, para vender sustancias ilícitas y robar a quien se deje dentro de la zona."Los delincuentes se filtran en las poblaciones callejeras, y se hacen pasar por gente en condición de calle. Utilizan a estas personas para sus cosas ilegales. Les dicen: 'Entrégame este paquete y te voy a dar una grapa'. Abusan de ellos porque saben que hacen lo que sea por conseguir la droga", nos comenta el director del IASIS, Rubén Fuentes.

"En Epopeya de los Sismos nosotros ya no podemos entrar porque somos agredidos. Quintero, el líder, es el que se encarga de distribuir droga en la Colonia Guerrero. Utiliza a la gente que vive con él en esa zona para mandar sus paquetes. Yo a veces paso en la mañana y veo que en ese punto entra y sale gente que no está en condición de calle y me pregunto, ¿Qué entran a comprar? Ese espacio es supuestamente de las personas que no tienen un hogar".

La plazoleta ubicada sobre Paseo de Reforma, en la Colonia Guerrero, es famosa no sólo por la cantidad de población callejera que vive ahí, sino por todos los actos ilegales que se generan en ese sitio. Tanto asociaciones civiles como instituciones de gobierno han intentado fallidamente intervenir el lugar. Su líder, conocido como Quintero, se encarga de que la gente que vive con él no acepte la ayuda de externos. La mafia en Las Casitas, nombre que se le ha dado al tendedero de lonas que sirven de techo para personas en ese espacio, consiste en la venta de drogas y solventes.

Uno de los mayores obstáculos contra los que se enfrentan las personas que viven en situación de calle son las drogas. Conseguir solvente, crack o mariguana es mucho más sencillo que obtener comida. La botella de activo, sustancia que proviene casi siempre de Tepito, cuesta alrededor de veinte pesos y les dura treinta días. Es decir, con el dinero con el que podrían comer un día, pueden evitar el hambre un mes. Mientras Chupón empapa la servilleta de su amigo, nos explica: "A mí me late más el crack, ése lo consigo aquí a tres cuadras. Me sale en treinta pesos la dosis. Pero pues el activo es más barato y me dura más. Por eso prefiero comprarme la botella".

Resulta más sencillo mojar una servilleta en activo y acercarla a las fosas nasales para no sentir hambre, frío o dolor que trabajar durante todo el día para poder comer solamente dos tacos que a nadie alejan de la realidad, y que además no quitan el hambre.


Sin embargo, el inhalante más usado es el solvente de PVC, que es altamente dañino. Se usa para unir tuberías de PVC y contiene metiletilcetona, un compuesto químico de la familia de las cetonas, además de resina de PVC. Aunque al momento de inhalar provoque una sensación de entumecimiento, cosquillas y una alejamiento de la realidad, los efectos de su uso son mortales. Además de ser corrosivo y poder provocar quemaduras tanto al contacto con la piel como en las fosas nasales y la garganta al momento de inhalar, provoca un deterioro del cerebro y del sistema nervioso, afecta el ritmo cardiaco provocando enfermedades cardiovasculares, causa problemas motrices y de memoria e incluso puede llegar a provocar una muerte súbita.

A pesar de que las autoridades parecen ansiosas por aplicar las leyes represivas de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, pocas son las políticas públicas que se enfocan en ayudar a este grupo vulnerable a vivir de una manera digna. En el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, creado en 2009, se estableció que era necesario hacer una legislación y políticas públicas integrales para atender el problema. En dicho programa también se pide la derogación de los artículos 24 y 25 de la Ley de Cultura Cívica para hacerlos menos represivos para la población callejera. Sin embargo, los abusos continúan, y de acuerdo con Enrique Hernández: "En el Caracol llevamos dándole seguimiento al caso ya casi cinco años y no se ha cumplido ni una sola línea de las políticas públicas planteadas".

Un mes después regresamos a la Plaza de la Ciudadela. Chupón nos recibió rapado, con sus brazos siempre llenos de costras de mugre y la noticia de que había estado cuatro días encerrado en los separos por andar vendiendo dulces donde no tenía permiso. Parece aliviado de haber regresado a la calle. A pesar del frío, del hambre y de las pandillas, éste parece ser el mejor lugar para él. Aunque la Ciudadela podría ser una de las cientos de trampas que envuelven a las personas en situación de calle, alcohólicos y drogadictos, también estos espacios, para ellos, son lo más cercano a casa.

La Ley de Cultura Cívica se sigue aplicando para mantener controlada a la población callejera de la Ciudad de México. Sin embargo, las políticas públicas actuales están lejos cumplir con lo necesario para darles una vida digna en la que se respeten sus derechos humanos, y están aún más lejos de ser propuestas que busquen un camino a la reinserción social. Es difícil creer que el problema terminará después de escuchar la cifras oficiales de Fuentes, quien afirma: "Nuestra meta es lograr la reinserción social y los resultados hasta ahora no son buenos. Si tenemos a tres mil personas en condición de calle, quitemos a, no sé, setecientas que difícilmente van a llegar a una reinserción social por sus condiciones mentales... estamos hablando de 2,300 que sí lo podrían lograr. Y si vemos que se han logrado de diez a doce reinserciones verdaderas, pues no es nada".

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