30 de Septiembre 2014
El presidente Peña Nieto informó que el gobierno mexicano ha decidido participar de nuevo en operaciones para el mantenimiento de la paz
El miércoles pasado, durante su intervención en el debate inaugural del 69 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, el presidente Peña Nieto informó que el gobierno mexicano ha decidido participar de nuevo en operaciones para el mantenimiento de la paz de la organización, luego de una breve y simbólica participación a fines de los años cuarenta.
El anuncio es importante por varias razones. Como se ha comentado hasta el cansancio en los medios, esta participación, en principio, rompe con toda una tradición de política exterior y una doctrina de seguridad nacional y relaciones cívico-militares que sobrevivió a la alternancia del 2000. Es relevante también porque arrebata el tema al PAN, que en doce años no se atrevió a articular una propuesta en este sentido, al tiempo que acalla críticas muy importantes sobre la hasta ahora sospechosa responsabilidad global del país.
A la decisión, si bien pertinente, no se añade aun una explicación detallada sobre los objetivos, modalidades, procedimientos y mecanismos institucionales para esta participación. En la escasa información que fue publicada hasta ahora se advierte, en cambio, una ingenua presentación sobre criterios y condiciones para la que será una participación gradual. La participación mexicana, se subraya, se condicionará a la autorización expresa y a la existencia de un mandato claro del Consejo de Seguridad de la ONU, al consentimiento expreso y la cooperación del Estado en donde se desplegará la OMP, la conformidad con el marco jurídico nacional y la realización de tareas de índole humanitaria.
De las actuales operaciones de paz en el terreno, todas han recibido un mandato claro y expreso del Consejo de Seguridad pero no todas tienen como componente fundamental las tareas esencialmente humanitarias. Es claro que la verbalización de esta nueva política se hace de manera cautelosa para no levantar las cejas del grueso de los altos mandos militares pero da cabida a la pregunta de si se estará rompiendo realmente con la vieja tradición anti intervencionista. Las operaciones de paz han venido adquiriendo un rostro mutidimensional en donde, típicamente, la capacidad del Estado para proveer seguridad a la población y mantener el orden público se ha debilitado considerablemente y donde la generalización de la violencia es un riesgo latente.
La sociedad podría estar dividida por clivajes étnicos y religiosos, la infraestructura devastada y los impedimentos para una auténtica reconciliación nacional podrían ser extraordinariamente difíciles de vencer. ¿Qué significa que México sólo desempeñará tareas humanitarias? En términos generales, las OMP no avalan el uso de la fuerza salvo por propósitos defensivos. Sin embargo, es alta la probabilidad de eventos violentos que exijan una defensa efectiva.
En este sentido, vale la pena preguntarse, ¿cuál será la aportación de los efectivos militares mexicanos aún en tareas que consideren exclusivamente de carácter humanitario?, ¿cómo se tiene previsto organizar el entrenamiento de estos batallones?, ¿qué entidad del gobierno federal fungirá como coordinadora de esta participación?, ¿qué autoridad estará facultada para emitir las reglas de operación del destacamento mexicano en las mismas?, ¿se reducirá la participación de México a aquellas operaciones donde exista ya un cese al fuego?, ¿se prevé pasar de una política de compromiso moderado a una participación menos restrictiva? y más importante aún, ¿qué criterios deberá examinar el Senado para decidir si conviene o no la participación de efectivos militares en alguna OMP? Más allá de la controversia sobre si las OMP son un asunto esencialmente humanitario o más bien atienden necesidades apremiantes de reconciliación nacional, preservación de la paz, pacificación y construcción de instituciones, es clara la necesidad de responder a una pregunta adicional: si se reducirá al ámbito humanitario desplegado por contingentes militares en un contexto de determinadas restricciones ¿en qué se distinguirá esta participación de la aplicación del Plan DN III en otros países (recuérdese Nueva Orléans en 2005) y de la presencia de civiles y militares nacionales en tareas de reconstrucción y ayuda frente a desastres naturales en el extranjero?
Licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y maestro en la misma disciplina por la Universidad de Leiden, Países Bajos. Asesor legislativo, analista e investigador especializado en política exterior y relaciones internacionales de México. Es miembro asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI).
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