17 de Julio 2014
El rescate de 438 niños del albergue La Gran Familia en Zamora, Michoacán, y la detención de su fundadora Rosa Verduzco y sus colaboradores por presuntos abusos sexuales, malos tratos y condiciones insalubres; no sólo ha desatado la polémica entre sus partidarios y detractores, también pone de manifiesto la falta de supervisión gubernamental a las estancias infantiles.
En Zamora, cuando los niños se portan mal los amenazan con llevarlos “a dónde Mamá Rosa”. Se refieren al orfanato La Gran Familia que tiene 70 años en el municipio. Su directora y fundadora es Rosa del Carmen Verduzco Verduzco, una anciana de 82 años que desde los 13, recoge a niños abandonados. La Casa Hogar se fundó en 1954 y en estos 60 años han pasado miles de infantes por ella. En 1973 se convirtió en Asociación Civil y Mamá Rosa, como le llama la chaviza, la levantó con su empeño y la aportación de donantes que van desde los propios zamoranos, a los diferentes niveles de gobierno e incluso fundaciones internacionales renombradas.
Mamá Rosa es una mujer polémica. Mientras alcaldes, gobernadores y hasta los dos expresidentes panistas se tomaban la foto con ella, los zamoranos conocían de su mano dura. “Nos asustaban con llevarnos allí, porque ella era un sinónimo de disciplina, sí parecía un reformatorio, ella tan estricta pero tenía que lidiar con tantos niños, seguro cometió muchos errores, como que les pusiera el apellido de ella, no ha sido todo miel sobre hojuelas, pero yo no veo ese demonio que quieren presentar”, explica José, un zamorano de 30 años cuyos padres cada año daban parte de la cosecha de ciruelas al albergue.
En el refugio se recogían niños sin hogar, algunos incluso direccionados por el propio DIF, u otros que algunos padres entregaban por no poderse hacer cargo o bajo la idea que los disciplinase. Un reportaje disponible en internet, publicado en enero de 1975 en la revista Selecciones del Reader’s Digest ya cuenta cómo Rosa aplicaba tanto afecto como golpes, según lo considerara conveniente. En uno de los pasajes se relata cómo lidió ante un joven que fue a parar al refugio recién salido de un reformatorio que le habló de manera soez:
“-¿Le has hablado así a algún carcelero? ¿Qué sucedió entonces?
-Me dio un puñetazo- repuso el muchacho.
Y ¡zaz! Rosa le asestó un derechazo que le hizo tambalearse”.
Sus conocidos aseguran que era burda y mal hablada, pero jovial y enérgica. “Es un sargento, a ella nada se le atora”, explica con cariño Javier, un zamorano de 58 años que la trata desde que era niño, ya que su familia siempre ha cooperado con el albergue. La banda de música y el coro de la institución iban cada cumpleaños a cantarles “Las Mañanitas” a sus abuelos, en agradecimiento por sus aportaciones. Todavía el sábado pasado, 12 de julio, comió con ella. La mujer llegó vestida como de costumbre, con camiseta de algodón, huaraches y falda de cuadros de donde cuelga la radio con la que se comunica con sus colaboradores. “Ella es una mujer muy humilde, sí tiene una camioneta que le regalaron empresarios pero no tiene ni celular, todo lo que recolectaba era para los niños”, cuenta.
Tres días después de ese almuerzo, un operativo de soldados y policías con armas de alto calibre catearon el albergue y la detuvieron. En un estado como Michoacán, acuciado por el crimen, Rosa y nueve de sus colaboradores están bajo la custodia de la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada (SEIDO) acusados de secuestro, maltrato infantil y abusos sexuales. “Rosa no es ninguna criminal, puede haber cometido faltas, ¡si uno las comete con sus propios hijos! pero que se resuelvan en los tribunales, no que la traten como una narcotraficante”, alega Javier.
Víctimas denuncian violaciones y maltrato
La PGR ordenó la detención después de integrar una averiguación previa a partir de cinco denuncias de padres que querían recuperar a sus hijos, allí alojados, y no se lo permitían. La misma Verduzco había explicado en ocasiones anteriores que si algún padre le llevaba un niño, les hacía firmar un contrato notarial en qué le otorgaban la custodia y le aseguraban pagos mensuales entre 20 y 40 pesos. Ella alegaba que criar un niño no era un juego y que una vez estaba integrado y recibiendo educación no podían llevárselo de regreso a una familia, en muchos casos, disfuncional. Cuando llegaban bebés o nacían allí dentro, la mujer los reconocía legalmente como suyos y les daba su apellido.
“Hay un descuido tremendo de los padres, ¿cómo dejas a tu hijo en una cárcel? pero hay muchas realidades, gente pobre sin recursos, migrantes,… Y ya que cometieron la falta lo peor estaba por venir. No podían verlos y si lo hacían era vigilados por una cuidadora que no dejaba que hablaran de los abusos”, cuenta María Ampudia, presidenta de la Fundación ¿Y quién habla por mi? que ha coadyuvado en la investigación con la PGR.
Otra de las acusaciones difundidas en los medios es que “La Jefa”, como también era conocida, obligaba a los menores a pedir limosna. Efectivamente los zamoranos recuerdan que cada enero, sacaba a algunos niños e iba casa por casa, empresa por empresa y hasta a los salones de clase a pedir cooperación para su albergue. Bocina en mano iba recitando lo que cada uno le daba como “en una suerte de competencia para captar más fondos”, alega José. El evento estaba tan establecido en el municipio que tenía nombre, “El kilómetro de Plata”. Los niños desfilaban del albergue, la banda de música tocaba, y la mujer anunciaba por el altavoz cuanto cooperaba cada quién. “Hacía relajo, pues. Hace falta mucho dinero para criar a tantos niños”, espeta Javier.
Se estima que por La Gran Familia han pasado unos cinco mil niños. El martes 15 de julio, cuando la Procuraduría General de la República (PGR) cateó el refugio había 600 personas, de los cuales 438 eran menores y otros 10 no han sabido identificar su edad. Cerca de 140 tenían más de 18 años pero algunos alcanzaban los 40 años. Muchas de las personas presentaban síntomas de desnutrición y malos tratos, y el lugar estaba en condiciones de insalubridad. Según Ampudia, no les dejaban marcharse aún y con su mayoría de edad.
“Mira yo sé de 15 adultos que eran discapacitados pero allí tenían cobijo y se sentían útiles ayudando. Otros, pues como en muchas familias, no querían salirse de su casa, pero es mentira que no les dejara salir, yo conozco muchos que allí se criaron y que ahora son profesionistas o se fueron a los Estados Unidos”, cuenta María Luisa Marín, sobrina de Verduzco y odontóloga que trabajó varios años en el refugio.
La PGR tomó declaración hasta ahora de 12 personas del albergue, y cinco de ellas denunciaron haber sido forzadas a practicar sexo oral con alguno de los vigilantes e incluso una dijo haber sido violada y haberse embarazado fruto de las violaciones. También reportan malos tratos y castigos extremos como haber sido encerrados en una celda de castigo durante días sin agua ni alimento. Otra niña asegura que llegó engañada porque Rosa ofreció liberar a su prima a cambio de que ella se quedara, pero cuando ingresó, no dejó salir a ninguna de las dos.
El Procurador, Jesús Murillo Karam, reconoció en conferencia de prensa que “los primeros sorprendidos del tamaño del problema fuimos nosotros” ya que tanto el gobierno local como el Federal ha dado apoyos al albergue. “Considerábamos este centro como uno de los centros en que el que podíamos confiar el cuidado de los menores”, se defendió.
El estado, ¿omiso, cómplice o verdugo?
El mismo expresidente Vicente Fox, cuya esposa, Marta Sahagún es originaria de Zamora y según ella misma reconoce mantiene relación con Verduzco, salió a apoyarla en las redes sociales: “Mamá Rosa solidario contigo, sé que eres fuerte y sé todo el bien que has hecho a miles de niños y jóvenes, ánimo, te mando un fuerte abrazo”, escribió en Twitter.
En la red han circulado fotos de Verduzco con el matrimonio Fox-Sahagún así como con Felipe Calderón y Margarita Zavala. También aparece con los exgobernadores Leonel Godoy y Fausto Vallejo, y los diferentes alcaldes de Zamora y Jacona.
El intelectual Enrique Krauze abogó desde el martes por su presunción de inocencia ya que dijo visitar periódicamente el refugio desde hace más de una década. El historiador Jean Meyer aseguró en el programa Atando Cabos que conduce Denise Merker en Radio Fórmula que estuvo en mayo en el albergue y no vio ninguna situación de insalubridad. Además dijo que la Presidencia donó dinero en este sexenio para mejorar sus instalaciones. La Comisión de Fomento a OSC reporta que entre 2009 y 2013 recibió 820.286 pesos por parte de la Secretaría de Educación Pública y de la de Desarrollo Social. Según el portal Fondos a la vista que ofrece información institucional y financiera sobre las organizaciones de la sociedad civil el albergue recibió en 2010, donaciones anónimas por 2 millones 54 mil pesos y gastó poco menos de 1.8. Las cifras disponibles de 2009 y 2008 reportan montos similares.
Ante todos estos apoyos, la activista contra la trata de niños, María Ampudia, se pregunta “¿Hasta dónde llegaron a ver? Ella se vendía como generosa, pero por cada niño que atendía había miles de dólares atrás y con ello apoyaba candidaturas”. Al entrar con el operativo la activista se horrorizó por las condiciones en que se encontraba el lugar. “Cuando yo llegué la comida descompuesta pegada en el suelo con cucarachas, la cocina un asco, una bodega con comida podrida, otra con cobijas y zapatos nuevos cuando los niños usaban cobijas orinadas y con piojos, 21 niños en una habitación, un agujero por donde se escapan los niños… Como el peor de los reclusorios, cero dignidad”, explicó ayer 16 de julio desde el mismo albergue vía telefónica.
El orfanato cuenta con dos edificios en un terreno en la salida de Zamora hacia Jacona. Además de la zona habitacional contaba con aulas escolares, una granja de animales y un taller de oficios. Pero al entrar, las autoridades descubrieron que el hogar estaba infestado de plagas, insalubre y con comida en mal estado. María Ampudia asegura que tiene 400 testimonios de niños que denuncian vejaciones.
Ampudia niega que Verduzco pudiera tener en algún momento buena voluntad. “Ella quería causar lástima para obtener más beneficios, su gran ganancia fue el dinero y el poder”, critica. En cambio, desde Zamora, Javier recalca que Rosa es una activista social. “No sólo se hizo cargo de los niños que la sociedad no quería, sino de los que tampoco quería el gobierno. Y creció a miles, claro que no los podía controlar a todos”, aduce. Para José, es inexplicable que el DIF reenviara niños si había estos reportes. “Yo estuve y obviamente no era el paraíso, porque no había los recursos, pero si el mismo gobierno la apoyaba, ¿porqué ahora la quieren lapidar? ¿Se volvió perversa a los 80 años? ¿O es que ahora ya está débil y enferma y tienen que intervenir su legado?”
En el foro que acompaña una nota del diario Cambio de Michoacán sobre la entrega de ropa por valor de 240 mil pesos por parte del alcalde de Zamora en 2011, varios testimonios de muchachos que habían estado internos también denuncian malos tratos, abusos sexuales y mala alimentación. Y a la vez familiares reclaman que no les hacen caso en las instituciones de procuración de justicia.
En entrevista con Milenio Televisión, Rosi Orozco de la organización Unidos contra la trata, apuntó que el problema de fondo es que “no hay interacción entre la sociedad civil y las autoridades”. Orozco señaló que, a excepción del DF, no existe una supervisión planeada de estos orfanatos en el país que asegure las condiciones de una vida digna para los niños. “Muchos de estos refugios empiezan a deteriorarse por la gran cantidad de niños que reciben y la falta de recursos pero no debe tratarse como delincuencia organizada. Hay que supervisar estos refugios y ver como ayudamos como sociedad”, relató. Según sus datos, en la supervisión de los albergues infantiles del Distrito Federal del año pasado, solo el 2% cumplían todos los requisitos que marca la ley.
Las estancias deberían contar con trabajadores capacitados para atender las necesidades de los niños, sin embargo, en este caso, la mayoría de los colaboradores de Rosa eran niños que habían crecido allí y se quedaban, incluso formando su propia familia.
Después de este operativo, la PGR se comprometió a revisar el resto de albergues michoacanos. Murillo Karam reconoció que es una de las averiguaciones que más le ha impactado al “encontrar actitudes verdaderamente inhumanas” y afirmó que más allá de la polémica entre partidarios y detractores actuará “estrictamente con fundamento en evidencias y con el cuidado de quienes son víctimas”.
Mientras tanto, las más de 600 personas rescatas han regresado al albergue, donde son atendidos por el Estado y se les están practicando pruebas de ADN para certificar su identidad. A las afueras del recinto, la televisión muestra padres que buscan a sus hijos hacen guardia junto a jóvenes que aseguran que también crecieron ahí y que “no les fue mal”.
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