29 de Julio 2014
Hace catorce años, durante la campaña presidencial que culminó con el triunfo de Vicente Fox, por primera vez un partido político —Democracia Social— incluyó en su plataforma la necesidad de modificar la política de drogas para abordar el tema como un asunto de salud y abandonar la persecución policíaca, causante de muchos más males de los que resolvía. Lejos estaba México de la tragedia que se desataría seis años después, pero ya la violencia asociada a la prohibición del tráfico y el consumo de ciertas sustancias, hecha en nombre de la salud de la población, era ingente, no sólo por los muertos que provocaba, entonces muchos menos que cuando Calderón decidió exacerbar la guerra, sino por la cantidad de encarcelados con penas desproporcionadas por delitos no violentos “contra la salud”. Los casos de las mujeres indígenas en prisión por transportar drogas sin saberlo resultaban ya entonces especialmente trágicos.
La propuesta de Democracia Social resultaba entonces escandalosa en el ambiente mexicano, al grado de que el propio candidato presidencial Gilberto Rincón Gallardo, decidido a la hora de abordar otros temas polémicos, bajaba la voz cuando no le quedaba más remedio que exponer la posición partidista y eludió el tema cuanto pudo. Sin embargo, era una idea bien fundamentada. Ya entonces la evidencia mostraba que la guerra contra las drogas, fundada en una serie de tratados internacionales desde principios del siglo pasado pero exacerbada primero por la declaratoria del presidente Nixon en 1971 y después por la cruzada moralista del gobierno de Ronald Reagan en la década de 1980, era una estrategia política fallida que no solo no servía para atajar los problemas de salud relativos al consumo de sustancias psicotrópicas sino que los agudizaba. Además de los muertos y los encarcelados por la prohibición, estaban los millones de infectados con VIH y otras enfermedades de transmisión sanguínea producto de la marginación y de la dificultad para conseguir jeringas que sufrían los usuarios de drogas inyectables, para hablar sólo del más grave problema de salud en el mundo resultado de la prohibición.
A pesar de la evidencia científica existente, entonces el consenso prohibicionista parecía inquebrantable. Poco antes la Asamblea General de la ONU se había comprometido con el objetivo de lograr un mundo sin drogas y con un optimismo que visto a la distancia resulta macabro había proclamado que ese era un objetivo posible. En México tanto la izquierda como la derecha se unían en el rechazo a cualquier otra salida, mientras la sociedad vivía de manera festiva, en los corridos y en las leyendas locales, el hecho incontrovertible de que el mercado de drogas estaba ahí, todavía sin alcanzar el grado de tragedia de los siguientes años.
La descomposición vivida a partir de la decisión de Felipe Calderón de combatir frontalmente a los traficantes, en lugar de mantener la estrategia tradicional del Estado mexicano de negociar con su desobediencia, ha llevado a un cambio muy importante en la opinión pública. Políticos e intelectuales que hace tres lustros no se hubieran atrevido a hablar abiertamente en contra del consenso prohibicionista levantan la voz para pedir un cambio. Tardaron en darse cuenta, pero finalmente el despropósito de la guerra contra las drogas ha quedado en evidencia.
En México ha sido la guerra entre el Estado y los carteles, pero en otros países ha sido la epidemia de VIH y otras enfermedades provocadas por compartir jeringas. Los estragos de una política errónea se multiplican. Ahí donde la cocaína se restringe por la prohibición se disparan las drogas sintéticas. Y los dependientes se enfrentan al aislamiento, la estigmatización y a la falta de opciones de tratamiento, pues junto con el paradigma prohibicionista se impuso la idea de que sólo la abstinencia sirve para enfrentar la adicción. Los dependientes de substancias son vistos no como personas que sufren una condición crónica sino como débiles, faltos de fuerza de voluntad, y se convierten en parias sociales.
A pesar del gran cambio de percepción que se ha dado en México, falta todavía desarrollar con seriedad cuál sería una política alternativa. Hasta ahora el debate se ha centrado en si despenalizar o no la marihuana, pero ese no es el problema de fondo. Desde luego que una regulación adecuada de la cannabis sería un paso enorme en la dirección correcta, pero estaría lejos de resolver el tema de salud y de descomposición social provocado por la prohibición.
Una política integral de drogas desde luego que debe regular la marihuana de manera proporcional a su peligrosidad, menor que la del alcohol y la del tabaco, pero no se puede quedar ahí. Es necesario aprender de la experiencia de Portugal, la República Checa o Suiza y diseñar una estrategia que reduzca el daño de los consumos potencialmente peligrosos. Una despenalización efectiva del consumo, que implicaría aumentar sustancialmente los umbrales hoy ridículamente bajos de la tabla que establece los mínimos de posesión de diversas sustancias para que no se ejerza la acción penal, una inversión seria en investigación para la prevención de las adicciones, recursos para los tratamientos que no implique necesariamente la abstinencia, sino que busquen las terapias sustitutivas y fórmulas para arrebatarles el negocio a los delincuentes.
Esos son los temas que se deberán discutir en el Foro Internacional de Política de Drogas que empieza hoy, lunes 29 en la Cámara de Diputados. A ver si no se queda todo en una discusión sesuda sin consecuencias. El tema es urgente y el Estado mexicano debería de abandonar su pasividad en los foros internacionales para ponerse a la cabeza de quienes proponen un cambio de política global.
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